A pesar de las recomendaciones que jalonan libros de estilo, prontuarios editados por medios de comunicación públicos o por Organizaciones No Gubernamentales, hemos perdido la batalla. Día sí, día no, desde las páginas de la prensa, desde los micrófonos de la radio y desde los platós de televisión, se sigue utilizando la palabra “avalancha”, para referirse a la llegada masiva de inmigrantes, como si estos fueran piedras y no personas. Se les sigue motejándoles con la palabra “ilegales”, como si una persona pudiera ser ilegal, con independencia de la situación administriva que disfrute o que sufra. Y se sigue encasillando a estos buscadores de la vida, recién llegados a las alacenas de Europa, en las páginas de sucesos, bajo la palabra problemas y junto a una larga sombra de la sospecha, que siempre es alargada.

 

Habrá que asumir, de una vez por todas, que cierta responsabilidad tenemos. Que los periodistas no somos ángeles por encima del bien y del mal y que formamos parte de esa extraña conjura para crear un mito que no existe, el de la invasión de inmigrantes, esas oleadas y avalanchas que tanto nos gusta destacar en titulares, cada vez que un puñado de desesperados alcanza las costas del Estrecho o de Canarias, sin fracasar mortalmente en el intento. ¿Invasión, avalancha, en un país que se muere de viejo, con un 2,5 por ciento de inmigración sobre su población activa, con media nación reclamando caravanas de mujeres para sus pueblos semidesérticos, en una península donde tan sólo la vertiente mediterránea y las grandes ciudades mantienen un crecimiento democrático digno de ese nombre? ¿Invasión, avalancha, en las playas, cuando los datos de la realidad nos dicen que la mayor parte de los inmigrantes clandestinos llegan a España a través de Barajas, mediante una mafia de guante blanco que incluye a ilustres agencias de viajes de países suramericanos, a veces participadas por sus propios gobernantes?.

 

El periodista es un confortable cómplice del poder en este extraño crimen, ante el cual sentimos miedo de la víctimas en lugar de los verdugos. Cierto que, tal y como están las plantaciones, quiero decir, las redacciones, entre becarios y contratos basura, difícilmente se le puede exigir a nadie cierta especialización, si por la mañana debe ir a cubrir el levantamiento de los cadáveres de espaldas mojadas de turno, a mediodía asistir a un pleno del Ayuntamiento, almorzar con los inversores de un nuevo campo de golf, merendar con un poeta cuántico y terminar la jornada cubriendo una conferencia del padre Loring sobre la Sábana Santa. Claro que el hecho de que no te paguen lo suficiente por tu trabajo no exculpa a nadie de hacerlo mal.

 

Y se hace mal, rematadamente mal. Se hace mal, hasta cuando se pretende hacer bien. Y, como las palabras las carga al diablo, empleamos bienintencionadamente expresiones como “integración”, cuando lo suyo sería hablar de diálogo. O “tolerancia”, cuando sería preferible hablar de convivencia, en lugar de creernos con derecho a tolerar a los otros. Resulta inútil repetir que conviene ser extremadamente preciso en el léxico que se utilice, evitando por motivos humanos y humanísticos la despersonalización de los inmigrantes. Por ejemplo, resulta sumamente frecuente la utilización del verbo “interceptar” para referirse a los trabajadores clandestinos que son, en realidad, detenidos a orillas del Estrecho, a pesar de que no hayan cometido un delito sino una falta. Pero el verbo “interceptar”, si se comprueba en el diccionario de la RAE debe aplicarse estrictamente a los objetos y las personas todavía no son objetos. La expresión procede de las notas oficiales de las fuerzas de seguridad, que utilizan el verbo interceptar porque no pueden utilizar el verbo detener, porque la mayor parte de los inmigrantes clandestinos, no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, la de atravesar una frontera sin papeles y por un lugar inadecuado. Y a nadie se le puede detener por una falta. Ni retener, porque la figura de la retención tampoco existe en nuestros códigos legales. Así que se usa el verbo interceptar con más frecuencia que el “Aserejé”. ¿No será que el poder, por otra parte, pretende ningunear a los inmigrantes, convertirlos en cosas, en pecios sin alma, en fríos números estadísticos, como si fueran simples accidentes en las autopistas de la globalización?.

 

Pero ahí más cuestiones que, como periodistas, debiéramos plantearnos.

¿Por qué la inmigración suele aparecer relacionada con la palabra problema? La palabra fenómeno no es la más adecuada pero resulta más conveniente que la de drama, que sigue cargando las tintas sobre los aspectos negativos de este acontecimiento histórico y sociológico.

¿Por qué las noticias sobre inmigración suelen aparecer en las páginas de sucesos y, a menudo, junto a informaciones en las que se destaca la comisión de delitos a manos de extranjeros, no siempre inmigrantes por cierto?

 

Todo ello contribuye a conformar un estereotipo peligroso, que prende la llama de incidentes célebres como los de Tarrasa y El Ejido, como antes ocurriera con el pueblo gitano, esos célebres españoles nómadas a los que seguimos considerando como inmigrantes después de cinco siglos de permanencia entre nosotros, desde Loja a Martos o Mancha Real.

 

Otra norma deontológica de la profesión periodística que suele incumplirse es la de contrastar datos relativos a los inmigrantes, limitándose en muchos casos a transmitir la información oficial facilitada por estamentos públicos, sin complementarla con la versión de sus protagonistas. En la mayor parte de los casos, no se trata de falta de tiempo o de autorización por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es falta de ganas o de conocimientos de idiomas. Los inmigrantes no suelen hablar español pero siempre uno puede hacerse entender por señas. La especie de que los inmigrantes no compran periódicos, ni escuchan la radio ni ven la televisión, permite que con frecuencia se les convierta en sujetos pasivos del fenómeno informativo. ¿Por qué, por ejemplo, sólo suelen darse cifras y no nombres, historias personales, un reportaje hecho y derecho? ¿Por qué no nos atrevemos a personalizar dichos números, a mostrar su verdadero rostro, la naturaleza aproximada de sus sueños?. ¿Por qué los menores extranjeros no reciben la misma protección que los menores españoles en cuanto a la preservación de su imagen, de sus rasgos faciales?.

 

Frente a todo ello, convendría un cierto compromiso de los periodistas a la hora de establecer una discriminación positiva respecto a los inmigrantes en aquellas noticias, sobre todo culturales, que pudieran relacionarse con ello. El hecho de destacar que un músico inmigrante gana un premio o que un nigeriano es pintor y no un proxeneta, contribuiría a modificar determinados prejuicios al respecto. En este mismo sentido, habría que alentar todas las informaciones, con la mayor difusión posible, que ofrezcan datos fehacientes sobre la realidad social, cultura y económica de los distintos grupos étnicos ya asentados en nuestro país y de sus países de origen. Periódicos y emisoras deberían ofrecer un tratamiento específico y diferenciado sobre las distintas celebraciones religiosas y sociales de las diferentes comunidades asentadas en nuestro país, atendiendo a su mayor o menor presencia en cada comunidad, ciudad o territorio en el que cada medio de comunicación tenga presencia.

 

A estas alturas de la película, habría que reclamar de los medios de comunicación públicos la difusión de programas en otros idiomas distintos al español, dirigidos a la población inmigrante, comenzando por el árabe, al tratarse del grupo más numeroso, más allá de los de habla hispana. Hay que sacar de los ghettos mediáticos a la inmigración y que la presencia de comunicadores extranjeros empiece a generalizarse en los diarios, emisoras de radio y de televisión, a pesar de las dificultades que ello entraña para el delicado mercado laboral del periodismo en nuestro país.

 

Los periodistas que asuman habitualmente el tratamiento de informaciones relativas a la inmigración tienen la obligación moral de formarse, de tomar contacto directo con los protagonistas de este suceso y de transmitir a sus lectores, oyentes o telespectadores una información con mayores garantías de la que suele divulgarse hoy. Pero, sobre todo, tendrían que evitar ser cómplices de esa extraña farsa que representa a diario el poder político y que lleva a elaborar costosos programas de concienciación social sobre la inmigración, que los desbarata el director general de la Policía o el ministro del ramo, cada vez que abren la boca.

 

A menudo, los gobiernos, que debieran actuar como bomberos de cualquier incendio xenófobo, se convierten en bomberos. Por ejemplo, el actual presidente José Luis Rodríguez Zapatero recomienda a los militantes del PSOE en el Grupo Socialista Europeo que voten a favor de la llamada “directiva de la vergüenza” que, entre otros supuestos, acepta la posibilidad de que los inmigrantes, incluyendo los niños, puedan ser detenidos e incluso encarcelados hasta por un periodo de sesenta días en la Europa democrática. ¿Cómo no identificar a los inmigrantes con el delito si se les aprisiona e incluso se les retiene durante un periodo superior al que fijan las leyes anti-terroristas vigentes en la Unión?

 

Cuando el nuevo crack de 2008 dejaba de ser noticia para convertirse en amenaza real, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sugiere que la contratación de inmigrantes en el extranjero se reduzca a cero. Y aunque luego corrige cuando ve la que se le cae encima, ¿cómo impedir entonces que la gente común no piense que los inmigrantes vienen a quitarle su trabajo en tiempos de crisis? Pero la oposición conservadora fue especialmente activa en ese mismo frente cuando ocupaba el Gobierno. De enero a junio de 2002, estuvo especialmente interesado en crear un imaginario negativo de los inmigrantes antes de la cumbre europea de Sevilla. Desde sus tribunas, ante un bosque de micrófonos, el presidente y sus ministros cacareaban datos contundentes que relacionan la delincuencia con los extranjeros y ninguno de ellos diferencia entre presos comunitarios –la inmensa mayoría de los que pueblan las prisiones españolas—y extracomunitarios, ni distingue a la hora de citar la cota de 46.000 expulsiones durante el pasado año que 9.000 de ellas han consistido, simple y llanamente, en no admitir en la aduana a los extranjeros que no tenían todas consigo. Desde las tribunas oficiales, se afirma que el 60% de los delitos cometidos en España, durante el último año, corrieron a cargo de los inmigrantes. Si se examinan con detenimiento dichas cifras oficiales, que figuran en los anuarios estadísticos, resulta que el 16% de tales delitos consistía, simplemente, en carecer de documentación. Y carecer de documentación, insisto, no es ningún delito, sino una falta. Del 34% restante, la mitad son extranjeros pero no inmigrantes. Se trata de nuestros viejos amigos comunitarios: ¿les suena la mafia italiana, por ejemplo, o la belga, la francesa, la británica? Llevan veinte años entre nosotros y a nadie se le ocurrió montar un plan contra todos los italianos, los belgas, los franceses y los ingleses, como montamos el plan Ludeco, el año pasado, contra colombianos y ecuatorianos. Así que nos queda otro 17 por ciento. La edad de la mayor parte de los inmigrantes oscila entre 18 y 40 años, que es la edad penal por estadística, con lo que tampoco resulta un porcentaje demasiado llamativo. Entonces, ¿a qué viene todo este jaleo? Simplemente, es bueno que haya niños a los que echarle la culpa de los platos rotos y cuando la delincuencia se convierte en un arma arrojadiza entre los partidos políticos, es mejor echarle la culpa de los delitos al peligro exterior que a la falta de medios, de recursos públicos, en un país donde vamos camino de que haya más vigilantes jurados que policías. Menos mal que el propio director general de la Guardia Civil, Valdivieso, aclaraba hace poco algunos de estos datos porque los periodistas nos limitamos, en su día, a repetirlos como cacatúas, porque comprobar lo que se nos transmite desde los despachos oficiales no está bien visto, no hay tiempo, no es plan, no nos pagan por eso, o al menos, eso dicen.

 

Sorprende que los partidos democráticos adopten los recursos demagógicos del neofascismo. Ese tufo desprende la pretensión del ministro de Trabajo e Inmigración actual de que, tras la reforma de la Ley de Extranjería que ha anunciado, se limite la agrupación de ascendientes y descendientes a quienes tengan permiso de residencia tras cinco años de estancia legal en España. ¿Cómo podemos comulgar con ruedas de molino ante el hecho de que traigamos inmigrantes para cuidar a nuestros viejos y a nuestros hijos, pero en cambio no les permitimos cuidar de los suyos? La reagrupación familiar plena siempre ha sido un camino idóneo para la estabilidad de los trabajadores migrantes, víctimas del síndrome de Ulises y perfectos candidatos a la marginación si se les despoja de lazos afectivos y se le condena a infravivienda o a infratrabajo.

 

La oposición, por su parte, se frotó las manos durante la última campaña electoral cuando Mariano Rajoy propuso su famoso “contrato de integración” para los inmigrantes y ello le permitió subir un par de puntos en las expectativas de voto. Quizá, claro, porque los inmigrantes siguen sin votar en su mayoría. Aunque ya van votando, aquellos que han ido regularizando su situación y probablemente recuerden todas las trabas políticas y mediáticas que se les pusieron en el camino. En su discurso, Rajoy hablaba de que los inmigrantes debían asumir las costumbres españoles y, claro, hubo quien adujo que lo mismo se trataba de que tomaran somníferos para dormir la siesta o acudieran en masa a las corridas de toros. Fue un periodista lucido y habitualmente conservador, Ignacio Camacho, quien puso el punto sobre la i al sugerir que se trataba de una mala traducción del modelo francés que seguía Rajoy. Y que había traducido la palabra “moeurs” por la palabra “costumbres”, en vez de por la palabra “valores”, que se suponía que era más apropiada. Claro que lo más apropiado para integrar a un inmigrante sin desintegrarle no es un contrato de inmigración sino simplemente un contrato de lo que sea.

 

Los números se abultan, la gente se asusta, el miedo crece. La Fundación Empresa y Sociedad hizo público un informe durante la pasada primavera en el que aseguraba que la fractura demográfica española es de tal calibre que a pesar de la crisis, nuestro país necesitará importar mano de obra extranjera hasta el año 2020. Al menos, hasta 157.000 por año, hasta alcanzar dos millones que suplan el paulatino envejecimiento de la población. Entonces, pues, ¿a quién le interesa alimentar el pábulo del miedo al otro, bajo esa enorme bola de nieve que se precipita sobre un continente y un país que necesitan mano de obra urgentemente para mantener los actuales sistemas de prestaciones? Es un misterio pero es real. Inventamos la fórmula de los contingentes que, en realidad, apenas servían para legalizar a los inmigrantes que ya estaban aquí, porque los inmigrantes van a seguir llegando, porque es imposible construir una fortaleza inexpugnable por muchas leyes y cacharritos electrónicos que pongamos en las fronteras. ¿Podrían servir los contingentes? Desde luego, pero no como varita mágica para evitar el cruce clandestino de la raya que separa a los dos mundos actualmente enfrentados en la guerra de la globalización.

 

Asistimos, por otra parte, al tácito desmantelamiento del llamado Estado del Bienestar. Que nunca lo fue tanto. Servicios que antiguamente fueron públicos ahora tienen que asumirlos las ONGs, sobre todo en el ámbito de la asistencia social. Volvemos, pues, al viejo concepto de la caridad decimonónica. El sistema no sólo inventa al pobre y le da pan, sino que prefiere crear un panadero intermediario que le sale más barato y le quita pajaritos de la cabeza.

 

¿Qué hacen ONGs como las respetabilísimas y esforzadas Cruz Roja española o Médicos Sin Frontera, atendiendo a los inmigrantes que llegan a las costas de Tarifa, como si viviéramos en Ruanda o en cualquier paisito de ese enorme crimen que estamos cometiendo y que se llama Tercer Mundo? ¿No contamos, acaso, con instituciones públicas como Sanidad Exterior, el ministerio de Salud y su red correspondiente, el Servicio Andaluz de Salud, que ya presta servicios de atención complementaria en sus centros de salud a escala primaria y hospitalaria?. ¿Por qué no nos hacemos estas preguntas en los papeles, en las ondas de la radio, en los platós de televisión?

 

Estamos fabricando un temible espantajo, trenzado con la mala hierba del fascismo: para que no venga la extrema derecha, los partidos convencionales ensayan políticas de extrema derecha. A buenas horas, mangas verdes. Para ese viaje, no valen alforjas. El Gobierno y, a veces, sindicatos o partidos de oposición, contribuyen a crear, poco a poco, con la paciencia contumaz de las estalactitas, el imaginario de que los inmigrantes vienen a reventar el mercado laboral europeo cuando resultaría todo lo contrario si se arbitraran sistemas para flexibilizar su regularización a fin de que no engorden la temible economía sumergida que alimenta a numerosos empresarios sin escrúpulos. Hay cifras trucadas que se pregonan a los cuatro vientos, y cifras certeras que se ocultan sesudamente. Como la del crecimiento demográfico de este país, cuyas expectativas vienen siendo salvadas desde hace dos años por los propios inmigrantes que son los que nivelan el índice de natalidad. O su aportación real a milagros económicos como el de la agricultura intensiva de Almería. O el escalofriante dato de esos 80.000 o 100.000 puestos de trabajo que cada año quedan vacantes en la España subsidiadas y que bien podrían ser cubiertos por esa legión de obreros a los que la miseria de tales salarios puede sonarles a música celestial si se le compara con los que percibirían por el mismo trabajo en sus lugares de origen.

 

Ni siquiera estos argumentos economicistas, de un tiempo a esta parte, parecen convencer a un sector importante de la opinión pública que está enrocada en el recelo, en el temor a lo otro y a la que se le ha incitado a desconfiar de lo extranjero, por norma, olvidando mensajes evangélicos, himnos como la Internacional o el de Andalucía, y aquellas sencillas canciones hippies cuando imaginábamos, con John Lennon, que sería posible un mundo distinto al que hoy sufrimos. ¿Qué ocurriría si en vez de tales argumentos tan pragmáticos, nos refiriéramos tan sólo, que ya sería mucho, al hecho de que en las zodiacs del Estrecho y de Canarias, o en los aviones de Barajas no sólo vienen brazos prestos para la mano de obra, sino cerebros con ideas, cuerpos sensibles, un caudal de sangre nueva que ventile el desván de la Vieja Europa en que vivimos. Lo dije hace un rato y vuelvo a repetirlo: están cometiendo un crimen a nuestro lado y sólo sentimos pánico de las víctimas.

 

La llegada de expediciones de inmigrantes a España, desde 1990, era recibida con un lastimero sentimiento de pena católica, apostólica y romana, por una población a la que se le había hecho creer que nuestro país nunca había sido un lugar de inmigrantes: “Está en peligro la estirpe española”, llegaba a proclamar durante el verano de 2002 el presidente de la Fundación Canovas del Castillo, Carlos Robles Piquer. ¿Qué estirpe? ¿Cómo hablar de pura raza o de un país sin inmigración en la misma Península cuya historia vino recibiendo a tartesos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, vándalos que nos dieron nombre y bereberes y arabes que nos nutrieron de culturas y de leyendas, sin contar a los cristianos a cuya sombra no siempre tolerante intentamos sobrevivir durante los últimos cinco siglos? A mediados del siglo XVII, las lonjas de esclavos de Sevilla y de Madrid eran un negocio fructífero e infame. Durante mucho tiempo, hubo pueblos andaluces en los que la población negroide alcanzaba al 10 o al 15 por ciento, según investigaciones realizadas por antropólogos de la talla de Isidoro Moreno. Esclavos libertos fundaban cofradías como la de Los Negritos en Sevilla o pueblos enteros, como Gibraleón en Huelva. España se tomó un recreo del curso de los siglos cuando perdió, con el 98, sus últimas colonias ultramarinas. ¿Quién iba a querer emigrar a la siniestra patria nuestra del siglo XX, zarandeada por guerras civiles, dictaduras y hambrunas? Los españoles emigraron fuera a mansalva y no siempre legalmente, como también se quiere hacer ver a los desmemoriados compatriotas de hoy. Aún a estas alturas de la película de los siglos, frente al millón de inmigrantes que construyen con nosotros ese espejismo al que algunos llaman futuro, cabe contabilizar otros dos millones más allá de nuestras fronteras.

 

Con el tiempo, aquella lastimita melíflua y un punto beatona, fue trocándose concienzudamente por un muro de desconfianza, por un ejército de reproches, que siempre tuvieron como escenario a los sectores más desfavorecidos, ya fueran los de la sociedad de acogida o los recién llegados, que no se iban a vivir a los grandes complejos residenciales sino a barriadas marginales donde compartían las sobras de la globalización con los suburbios de la sociedad de consumo, eso que se ha dado en llamar Cuarto Mundo y que en el pasado sirvió como caldo de cultivo, precisamente, para que Adolf Hitler y su Partido Nazi ganaran las elecciones en Alemania, para que Benito Mussolini llenara Italia de camisas negras o para que Jean Marie Le Pen viviera del cuento durante veinte años, a la cabeza, y nunca mejor dicho, del Front National. Todos los medios de comunicación vienen hinchando, durante los últimos años, un supuesto retrato robot de los inmigrantes que confunden costumbres animistas con mahometanas, pero que asocian a los recién llegados con un sinfín de conceptos peligrosísimos: no sólo delicuencia, sino mafia, supuestas prácticas de la ablación –tan sólo cinco denuncias en todo el país en los cinco últimos años--, circuncisiones clandestinas, pañuelos que se confunden alegremente con chador y, eso sí, un testarudo padre pakistaní que se negaba a que su hija hiciera gimnasia y que mereció, por ello, en la patria de la Sección Femenina, toda una primera plana de un rotativo estatal.

 

Para colmo, el 11 de septiembre y toda la propaganda belicista que generó aquel salvaje atentado, no sólo ha contribuido a extender la creencia de que no sólo es justa sino posible una cruzada contra el Islam, que los ciudadanos procedentes de sociedades teocráticas como la musulmana no pueden adaptarse a vivir bajo sociedades democráticas tan antiguas como la nuestra o que hay que tener mil ojos con los inmigrantes, que además son sucios y feos, como puede deducirse en mayor o menor medida, si se consultan textos recientes de Oriana Fallaci, que vuelve a repetir tales argumentos en su nuevo libro, o Giovanni Sartori y, por supuesto, Samuel Huntington, quien después de proclamar lo del choque de civilizaciones cree ahora que los Estados Unidos están poniendo en peligro la identidad de los Estados Unidos, ¿o debería decir también estirpe?. Cierta izquierda y cierta derecha vienen a coincidir en lo mismo: leña al moro, que es de goma. Se habla abiertamente de selección étnica: en Huelva, se contratan mujeres del Este para sustituir a jornaleros de la fresa llegados de Argelia, Marruecos o Mauritania; en Almería, con el mismo propósito, se importan lituanas o ecuatorianos, que además son católicos y hablan español, lo cual es mucho mejor, como llegó a decir en público un delegado del Gobierno para la Extranjería. Se llamaba Enrique Fernández Miranda y su frase textual fue la siguiente: «Además de la lengua y cultura común, practicar la religión católica es un elemento que facilita la integración de los extranjeros en España».

 

La polémica del velo que se produce en Francia es trasladada a España, por los medios de la comunicación, sin traducción posible: ¿cómo podemos polemizar con el velo en los colegios españoles, cuando el principal velo que suele verse es el de las monjas católicas de la enseñanza concertada?

 

Ser racista y xenófobo comienza a ser muy popular. ¿Para qué la solidaridad, para qué el simple análisis racional de que los inmigrantes nos hacen más falta que el comer, si queremos mantener abierto este enorme chiringuito, construido en base a clases activas y pasivas? En enero del año pasado, sin ir más lejos, la Junta de Andalucía aprobó un decreto para construcción de viviendas de promoción pública en Almería, dirigidas a sectores sociales de eso que llaman la exclusión social, sean inmigrantes o no lo sean. Y el Gobierno español iba a confinanciarlo. Prácticamente ningún Ayuntamiento del Poniente almeriense ha aceptado tal propuesta, por temor, dicen sus munícipes, a crear ghettos. Por temor, realmente, a perder votos, porque los inmigrantes no votan. Por temor a perder los privilegios del poder, cuando se supone que los partidos democráticos sólo pretenden utilizar el poder para cambiar los aspectos injustos de la sociedad que nos rodea.

 

Durante el verano del 2002, entró en vigor la primera fase del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior del Estrecho, un sofisticado sistema de sonares y otros instrumentos técnicos, para detectar el transito de pateras alrededor de Tarifa. Seguirán, en los próximos años, puntos de vigilancia similares que cubrirán la costa desde Ayamonte a Cabo de Gata. Pero su entrada en servicio, al margen de que sólo ha servido para que los “tiburones” conduzcan sus embarcaciones cargadas de esclavos por rutas más largas y peligrosas, no ha ido acompañada de una dotación similar en asistencia humanitaria a la que se ha invertido en represión policial pura y dura.

 

Ahora, el próximo paso, será que los buques de la Armada de distintos países europeos vigilen el Mediterráneo para impedir el paso de cualquiera de estas nuevas almadías. ¿Lo harán con las suficientes medidas de seguridad? Consta que determinadas operaciones de rescate llevadas a cabo por la Guardia Civil, han provocado el efecto contrario a lo que se pretendía, puesto que las zodiacs que les traían, zozobraron al ponerse en pie los espaldas mojadas, tal y como ocurrió en Fuerteventura hace apenas diez días. ¿Cuántos naufragios pueden provocar un supuesto abordaje de la Armada en alta mar, tal y como se fomenta ahora desde el Reino Unido, mejorando aquella propuesta del italiano Umberto Bossi, que pretendía que fragatas y cruceros se dedicaran a bombardear pateras, sin que se supiera a ciencia cierta si con su carga humana a bordo? Nadie se lo pregunta. A nadie le importa. La gente tiene claro que nos están invadiendo y no comprenden que haya gente que le abramos las puertas y el corazón a los recién llegados.

 

Hay también un racismo epidérmico, una xenofobia pedestre de país desacostumbrado durante un siglo a recibir inmigrantes en demasía, que trascendía a la escena política o se deslizaba entre líneas por libros científicos como el “reportaje” antropológico sobre la integración del inmigrante que el profesor Mikel Azurmendi tituló “Estampas de El Ejido” y que apareció en las librerías en otoño de 2001. Legítimamente, Azurmendi, que poco después sería nombrado presidente del Foro de la Inmigración y actualmente dirige el Instituto Cervantes en Tánger, descalificaba artículos periodísticos e informes antropológicos que denunciaban racismo y xenofobia en El Ejido, al tiempo que sostenía lo contrario, que el Poniente almeriense venía a ser un laboratorio para la integración del inmigrante y la convivencia.

 

Claro que, en algunos párrafos de su libro, editado por Taurus, llegaba a comparar las amenazas que él había sufrido por parte del entorno de ETA con el temor que suscitaban determinados marroquíes en dicha zona. A lo largo de más de 360 páginas, recoge numerosos testimonios que vienen a reforzar la actitud xenófoba hacia los marroquíes de dicha zona, a quienes presenta como un foco de constante peligro, con salvedades, eso sí, políticamente correctas. Así, por ejemplo, justifica que el propietario de un establecimiento público se niegue a atender a marroquíes, contraviniendo de paso la legislación sobre reserva del derecho de admisión: “Uno, que desearía considerar a todos los inmigrantes sus hermanos, pero que aunque se lo propusiera nunca lograría querer a quienes le pusieron una bomba en su casa ni le pintaron amenazas de muerte en la facultad y en las calles de su ciudad, ni a quienes un día y otro esperaban a sus amigos para asesinarle, uno no tiene motivos personales para no querer a todos los inmigrantes juntos, así, sin conocer personalmente a casi ninguno. Pero Paco tiene, como uno pueda tenerlos con gentes de su pueblo, sobrados motivos para no querer jamás hablar con ciertas personas y menos aún para dejarles pasar a su casa. Esas personas son marroquíes, algunos que puedan entrar en su negocio y revolverle su mal; y como no sabe discernir entre unos y otros, como nada le autoriza a hacer pesquisas entre marroquíes para distinguir a cuáles no y a cuáles si aceptar, decir buenos días, qué desea usted, para servirle con simpatía y decirle que son doscientas pesetas y, tras devolverle el cambio, decirle adiós, hasta otra, como a todos, y ha dicho hoy a Loli, la ecuatoriana que se ha tomado un café sentada en el taburete de la barra, pues Paco prefiere decirles a los marroquíes, a todos ellos, con respeto y sin faltarles cuando ellos no le falten, que no les quiere servir en su bar. Que para Paco es su casa”.

 

En distintos foros públicos y privados del Estado español se frivolizaba sobre estas cuestiones. A 7 de febrero del año 2001, en el Parlamento de Andalucía, estalló una controversia política porque un cámara de TVE mientras preparaba la grabación de un debate, había impresionado accidentalmente una frase pronunciada por un miembro de la mesa de dicha institución: “Los moros, a Marruecos, que es donde tienen que estar”. Se trataba de la voz del socialista Rafael Centeno, vicepresidente tercero de dicho foro parlamentario, quien se confesó en público y entre lágrimas, ante los medios de comunicación, pidiendo disculpas “por el daño que haya podido ocasionar”. Había contemplado el vídeo y al reconocer su voz, decidió zanjar “una sospecha tan injusta, que no era moral ni ético que continuara”.

 

Todo habría sido, según llegó a manifestar públicamente, “una maldita broma”, con la que no se sentía identificado “ni con su contenido ni con su sentimiento, porque ni lo pienso ni lo siento”, por cuanto en 25 años de militancia en el PSOE, siempre había defendido “los valores contrarios a esta afirmación”.

 

Cuando el PP intentó sacar provecho de la ocasión, el entonces consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, el socialista Alfonso Perales, recordó a dicho partido que que en Andalucía se habían producido acontecimientos xenófobos en ayuntamientos del PP de Almería, "alentados de manera institucional por organismos públicos". Perales se refería a que el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, hubiese llegado a justificar que los inmigrantes vivan bajo plásticos porque "están acostumbrados al calor".

 

Este suceso tenía lugar en paralelo a una cierta polémica emanada desde Cataluña, cuando Heribert Barrera y Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, dieron en alertar que la identidad catalana estaba en peligro por la presencia de inmigrantes, fueran magrebíes, procedentes de países subsaharianos o meramente andaluces aficionados al bailongo por sevillanas. Respecto a aquel barullo de informaciones contrapuestas, merece la pena echarle un vistazo al editorial publicado por el “Diario de Sevilla”, el 2 de marzo. En dicho texto, se relaciona la frase sobre las sevillanas de Heribert Barrera con la de “Los moros, a Marruecos, que es donde tienen que estar”, de la que se confesó autor Rafael Centeno, vicepresidente del Parlamento de Andalucía: “Si los magrebíes se quedaran en Marruecos, se supone que no habría el problema de la inmigración ilegal; si los sevillanos (y por extensión los andaluces) se hubieran quedado en Sevilla (Andalucía), la pureza de raza en Cataluña sería tal que ningún otro baile haría sombra a la sardana”.

 

“Si acaso alguien pensaba inocentemente que la xenofobia y el racismo en España se dirían contra quienes vienen de fuera, contra magrebíes, ecuatorianos, albaneses, etc..., las declaraciones de Heribert Barrera, que suceden a las de Marta Ferrusola, deben aleccionarnos contra la ingenuidad: se empieza por los inmigrantes ilegales que provienen del exterior (la frase de Rafael Centeno) y se acaba por los legales del interior, en este caso con los andaluces en Cataluña (la frase de Heribert Barrera). Y lo peor es que el presidente catalán, Jordi Pujol, para justificar a su esposa, afirma que eso mismo que ella ha dicho es lo que piensan muchos catalanes. ¿Qué queda entonces de aquel Pujol integrador que proclamaba que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña? ¿Qué queda del Pujol que cada primavera acudía a la Feria de Abril en Santa Coloma de Gramanet para ver el folklore andaluz que ahora Heribert Barrera, cuyo libro xenófobo iba a presentar aquél, considera una amenaza para las tradiciones catalanas? Las palabras de Ferrusola, Pujol y Barrera no pueden dejarse pasar como meras boutades; hay que condenarlas sin paliativos, porque contribuyen a fomentar la xenofobia contra tres millones de inmigrantes en Cataluña, un millón de los cuales son andaluces que bailan sevillanas”.

 

Había algo más que frases o comentarios aislados. Por ejemplo, numerosas entidades, incluyendo la COAG, mostraron malestar por unas declaraciones de Javier Ciézar, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Málaga, quien pidió a sus asociados que, "salvo casos excepcionales" en los que no encuentren a jornaleros patrios, no contraten a inmigrantes, ya que luego es el empresario "el que queda como explotador, canalla y sinvergüenza, cuando no somos nosotros los culpables de la situación, porque ni los llamamos, ni los traemos, ni los explotamos". Según sus palabras, contratar a inmigrantes acarrea numerosos "problemas" debido a las diferencias culturales y a que éstos "no tienen el mismo hábito de trabajo que tenemos aquí"."En Marruecos ganan 500 pesetas al día y aquí se quejan porque ganan 5.000", añadió. Lo cierto es que aquí se quejan porque cobran medio jornal por una jornada completa y no hay inspecciones de trabajo que sean capaces de cuadrar tales cuentas.

 

Pero hay que aclarar que los periodistas suelen ser los mediums de una sociedad a la que el miedo a lo desconocido hace racista. Lo pintoresco es que los poderes públicos democráticos, que debieran ser los primeros interesados en desterrar tales comportamientos, terminan arrojando leña al fuego de la intolerancia, quizás porque sea una forma populista y demagógica de ganar votos. En los últimos años, los poderes fácticos, incluyendo al cuarto poder, han creado una enorme bruja piti, un monstruo al que echar las culpas de lo divino y de lo humano, un enemigo que sustituya al viejo bloque soviético, desmochado tras la caída del muro de Berlín. Me refiereo al Islam, al que se mete en el mismo cajón de sastre, desde sus posiciones moderadas a las radicales, pasando por aquellos que excluyen o incluyen la violencia, sea cual sea el grado de dogmatismo de sus respéctivas creencias en Mahoma. Los medios de comunicación han contribuido a crear ese imaginario que ha terminado por hermanar a la organización Spectra, la trama malvada a la que combatía James Bond, con Al Qaeda, que parece estar en todas partes, a pesar de su escasa aunque, eso sí, llamativa actividad terrorista. Pero la islamofobia apareció en Andalucía mucho antes de los atentados terroristas de Nueva York, del 11 de septiembre de 2001. Desde primeros de año, a raíz de los encierros que protagonizan inmigrantes sin papeles tras la entrada en vigor de la Ley de Extranjería 8/2000, las autoridades estaban con la mosca tras la oreja por la probable presencia de organizaciones integristas en dichas movilizaciones cívicas. Así, en enero de 2001, se detectó la presencia de marroquíes relacionados con el grupo integrista Justicia y Caridad, así como de la Fundación Hassán II, una réplica oficial fletada en su día desde el mahzén marroquí para compensar desde la oficialidad del reino vecino la presencia militante de los islamitas más radicales que siguen siendo, en muchas ocasiones, los únicos que apoyan a los marroquíes más desfavorecidos.

 

Justicia y Caridad --Adl Ua Ihsam , del integrista Abdesalam Yassin-- es una organización poderosa, pero marginal, que ni siquiera se presenta a elecciones, mientras que la Fundación es una entidad creada al pairo de la Corona del vecino país y que viene prestando auxilio a los inmigrantes durante la Operación Paso del Estrecho, de cada verano, o colabora para la repatriación de los cuerpos sin vida de sus compatriotas accidentados o muertos entre las dos orillas. Ambas practican, eso sí, el compromiso islámico que incluye la erradicación de la pobreza. Por ello, Justicia y Caridad se ha hecho ver entre los suburbios marroquíes, mientras que la Fundación Hasán II, junto con la Fundación Mohamed VI para la Solidaridad, han sido algunas de las respuestas oficiales ante el creciente empuje integrista, que también incluye al grupo moderado Unidad y Reforma, que llegó a presentarse con inusitado éxito a las últimas elecciones celebradas en el país vecino, pero que tenía limitadas las circunscripciones en las que podía proponer candidaturas. Luego, tras el sangriento atentado de Casablanca que Mohamed VI hizo como que resolvió condenando a muerte incluso a quienes no tienen relación directa con dicha ensalada de víctimas, se ha llegado a barajar la posibilidad de ilegalizar a dicha organización, a pesar de que tampoco se encuentra vinculada directamente con los terroristas islámicos a los que se busca y no siempre se encuentran.

 

Pero las autoridades españolas también habían detectado la presencia en Andalucía de integristas próximos a organizaciones violentas como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, una escisión del GIA, alguno de cuyos integrantes fueron detenidos al relacionárseles con la red internacional de Al-Qaeda y desconociendo la opinión pública su suerte final. Meses más tarde, el brutal atentado del 11 de marzo en Madrid puso en evidencia que el peligro de estos grupúsculos no era baladí, aunque muchos hubiéramos llegado a dudar sobre su potencial de riesgo. Por fortuna, dicho desastre no provocó, de entrada, una oleada de xenofobia. Quizá se debiera a que los medios de comunicación asumieron entonces un meritorio papel a la hora de transmitir los rostros, los nombres y las historias de los inmigrantes que también resultaron muertos en los trenes de Atocha.

 

El 11 de septiembre de 2001 retrajo el flujo de pateras y embarcaciones neumáticas cargadas de inmigrantes clandestinos. A pesar de las buenas condiciones climatológicas, hasta 14 días después, el 25 de septiembre, no se detuvo a “espaldas mojadas”: ese último día, 45 dopersonas procedentes de países al sur del Sáhara, eran detenidas por la Guardia Civil, procedentes de una expedición que podría rozar la cota de 150 integrantes. Sin embargo, especialistas en inmigración como el profesor marroquí Mohamed Dahiri, responsable de la asociación “Las dos orillas” entiende que los motivos para ese estiaje en el cruce furtivo del Estrecho no había que buscarlo en los atentados de Estados Unidos sino en un suceso local: “Tres días antes, el 8 de septiembre, la televisión marroquí emitió por primera vez en la historia imágenes de inmigrantes muertos, al volcar una barca que llenó de cadáveres la costa de mi país”.

 

Desde los poderes públicos, a los inmigrantes se les llamaba de todo. En Lepe, vagos. En El Ejido, peligrosos: ni uno solo de los gamberros neonazis que provocaron los incidentes del año 2000, ha llegado a sentarse en el banquillo. Los medios de comunicación, especialmente los llegados de afuera, tuvieron ahí una actuación meritoria. Quizás, como opinan muchos almerienses, exageramos la incidencia de aquellos acontecimientos: yo mismo he recogido balas chamuscadas en un bazar quemado, testigos de los disparos que intentaban impedir que sus ocupantes pudieran librarse de las llamas. Pero bienvenida fuera dicha exageración si aquello evitó que, aunque fuera para salvaguardar el buen nombre de la tierra, aquel disparate concluyese relativamente pronto.

 

En la reciente historia local de Huelva, que se saldó con un inmigrante apaleado y muerto en la estación de autobuses de Damas cuando amanecía el año 2003, se contabilizaba alguna que otra reyerta, alguna bronca discotequera y, en el año 2000 y poco después de los sucesos de El Ejido, la gamberrada racista de un grupo de niñatos que propinaron una paliza a un marroquí. También lo supimos a menudo por los medios de comunicación, aunque siempre solemos saber más de las desgracias que de su cultura, su forma de vivir, sus costumbres. A veces, los medios llegan a asumir un papel beatífico e igualmente alejado de la realidad, que tampoco resulta el más indicado para afrontar este asunto con solvencia. Por ejemplo, no han faltado curiosas denuncias por xenofobia, como la de los dueños de una pensión de la provincia de Huelva que declararon a una televisión poderosa y por lo común eficiente, que pretendían cerrarle el establecimiento por dar cobijo a trabajadores extranjeros: “Lo que no dijeron es que era una pocilga, que les cobraban a precio de oro y que incluso los inmigrantes tenían que pagar 150 pesetas extra por ducharse”.

 

¿Por qué se mantienen la mayor parte de los clichés en torno a los inmigrantes en los medios de comunicación de hoy?

 

Sencillamente, porque los inmigrantes todavía

• no constituyen un grupo social con derechos plenos,
• apenas tienen acceso a los medios de comunicación,
• suelen ignorar el idioma en el que se les generaliza y ocasionalmente se les vitupera
• y tampoco tienen una conciencia exacta de cómo actuar frente a informaciones que les perjudican.

 

Si tuvieran poder económico o peso social, la historia sería distinta. Porque, no olvidemos que la comunicación ha dejado de ser el ejercicio de un derecho constitucional para convertirse en un simple negocio. Como oí una vez de labios de un empresario del sector, la inmigración no interesa a los medios de comunicación porque los inmigrantes no compran periódicos. No deberíamos, entonces, informar sobre la Antártida porque allí todavía no han abierto quioscos.

 

 

 

 

 

Juan José Téllez